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| La contracara del comercio electrónico es que proliferan operaciones falsas y pueden aparecer consumos no efectuados en cualquier resumen. |
Recibir el resumen de la tarjeta de crédito ya puede resultar angustiante como para encima encontrar que viene con gastos extra que no fueron realizados. Son lo que se llama coloquialmente “cargos fantasma” y, al igual que estos, vienen de un inframundo desconocido y asustan al usuario. El fantasma de la T.
En la Argentina, producto de la pérdida de poder adquisitivo,
el uso de tarjetas de crédito creció 42,85% interanual en noviembre, o menos que la inflación, según First Capital Group.
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Este año recibimos más denuncias por este tema y observamos bastante reticencia de los bancos. La normativa es clara pero no lo quieren resolver por teléfono o no dan número de reclamo”, grafica Sandra González, titular de la asociación de defensa de los consumidores Adecua.
A nivel mundial, los números también se incrementan. Según Nilson Report, los montos por fraudes con tarjetas de marcas globales se elevaron a más de U$S24.860 millones en 2018, frente a los U$S 21.270 millones registrados en 2017.
Qué hacer ante cargos no efectuados
Los expertos aconsejan no desesperar.
El usuario tiene 30 días para desconocer ante el banco un gasto realizado en la Argentina que aparezca en el resumen y hasta 2 meses si se realizó en el extranjero.
Lo importante es revisar el resumen y denunciar cualquier irregularidad.
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Una vez hecha la denuncia, el banco, las emisoras y las procesadoras tienen que hacer las averiguaciones correspondientes”, clarifica Sandra González. En 3 semanas como máximo deben brindar una respuesta final.
Mientras tanto,
el usuario no está obligado a pagar el ítem que desconoció, aunque sí debe abonar el resto del resumen en tiempo y forma si no quiere incurrir en onerosas deudas. Sin embargo, si desconoce un consumo que finalmente se comprueba que sí realizó, deberá abonar el saldo con interés por la demora.
Si frecuentemente se perciben gastos no realizados, lo recomendable es anular la tarjeta y solicitar el envío de una nueva.
¿De dónde vienen los cargos fantasma?
Recién cuando se investiga se puede determinar si hubo un accionar delictivo o simplemente un error de procesamiento.
Dentro de lo que se cataloga como delito, puede haber dos beneficiarios: quienes establecen mecanismos para hacerse de un bien o servicio sin pagarlo, o comercios que intentan cobrar ventas ficticias.
El modus operandi más usual es el robo de datos personales. “
En Internet puede realizarse mediante páginas falsas o correos apócrifos que piden datos, programas espía que registran lo que teclea un usuario o incluso por fallas de seguridad informática que exceden al usuario como la poca seguridad en las bases de datos de algunas empresas”, explica Gustavo Sain, especialista en delitos informáticos .
También se puede realizar a la vieja usanza, copiando manualmente los números de la tarjeta, que luego se usan para compras online.
La duplicación, delito que implica la copia de la banda magnética y la realización de una tarjeta clon, sigue vigente pero con menos fuerza por el advenimiento de las tarjetas con chip, que no son replicables.
¿Quién se hace cargo del gasto?
Generalmente sale perdiendo el comercio que vendió el producto o cobró el servicio. Según Ariel Setton, especialista en medios de pago, “
para las compras en las que no se muestra la tarjeta (venta online, telefónica o a través de aplicaciones), en el 99% de los casos queda a cargo del comercio”.
En las compras presenciales, la firma del recibo funciona como factor de autentificación. Si es válida, el comprador tiene que abonar el monto. Si no lo es, la responsabilidad recae en el comercio que no la revisó.
Pese a esto, cada vez más empresas no solicitan la firma del cliente. “
Ante montos chicos prefieren hacerse cargo de posibles desconocimientos en lugar de procurar los mecanismos o contratar el personal necesario para el chequeo”, explica Setton.
Algo similar ocurre del otro lado. “
Algunas bancos y procesadoras directamente contratan seguros que hasta cierto monto restituyen el dinero y se ahorran la investigación. De ésta manera incentivan el comercio online, que les es más rentable, y se evitan demandas judiciales”, comenta Gustavo Sain.
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Fuente: TN
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