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| Este vacío legislativo, nos pone en presencia de un juego de tensiones entre lo legal y lo ilegal que genera, sin dudas, incertidumbres. |
La AFIP viene obligando a los actores económicos
la aceptación de medios de pagos electrónicos como las tarjetas de débito o crédito de parte de consumidores finales porque, señalan desde el organismo fiscal, el efectivo facilita la informalidad de las operaciones. Sin embargo, en lo cotidiano, se utilizan billetes de alta denominación por cuestiones de numerarios en las entidades bancarias, entre ellos, el billete de $ 1.000 ¿Como utilizarlos cuando existe un marco normativo que prohíbe su uso?
La ley de prevención de evasión fiscal N° 25.345 en su artículo 1 (con efecto desde abril de 2001) dispone que
no surtirán efectos entre las partes ni frente a terceros, los pagos totales o parciales de sumas de dinero superiores a mil pesos ($ 1.000) que se realicen en efectivo, debiendo ser efectuadas para que sean válidas mediante depósitos en entidades financieras, giros o transferencias bancarias, cheques o cheques cancelatorios, tarjetas de crédito, compra o débito o mediante facturas de crédito.
Además el artículo 2 de la norma citada, entrando en los efectos tributarios, dispone
que los pagos que se efectúen en efectivo tampoco serán computables como deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios que correspondan al contribuyente o resposable, aún cuando éstos acrediten la veracidad de las operaciones.
Ahora bien, el BCRA puso en circulación a fines de 2017, los billetes de $ 1.000 y frente a éste escenario, debemos preguntarnos que uso se le puede dar a los mismos, si para abonar importes superiores a $ 1.000 no tienen efecto entre las partes los pagos realizados en efectivo, como lo establece el artículo 1 de la ley 25345.
Quizá estamos en presencia de una más de nuestras incongruencias donde se pone en circulación un billete de curso legal que de ser usado para cancelar un pago junto a otro billete o incluso una moneda de $ 1 la ley dispone que ese pago
no surtirá efectos entre las partes ni frente a terceros.
Este vacío legislativo, nos pone en presencia de un juego de tensiones entre lo legal y lo ilegal que genera, sin dudas, incertidumbres. El único camino posible es modificar la ley 25345 para que exista coherencia y conceda a los actores económicos, seguridad jurídica; sobretodo en éstos momentos de profunda dificultad económica y ausencia de inversiones.
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Sobre textos del Cr. Mario Juan Rapisarda
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